Por Liliana Giambelluca.- El qarashe Félix Díaz y miembros de la Mesa
de Garantes de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh dieron una
conferencia de prensa para informar que rechazaron ante la CSJN el
relevamiento territorial realizado en la comunidad. Se anunció que la
Auditoría General de la Nación auditará el relevamiento y está en marcha
la elaboración de un Amicus Curiae. Los originarios podrían recurrir a
organismos internacionales si la Justicia le da la espalda a sus
reclamos.
Organismos defensores de derechos humanos que
conforman la Mesa de Garantes en el diálogo de la comunidad qom Potae
Napocna Navogoh de Formosa con el gobierno nacional convocaron ayer a
una conferencia de prensa en la sede del Servicio Paz y Justicia
(Serpaj) para informar que “la Mesa y los hermanos rechazamos
absolutamente el relevamiento que hizo el gobierno nacional y provincial
porque no se contempló el reclamo central, que es el reconocimiento de
sus tierras ancestrales”, dijo Pablo Pimentel (Asamblea Permanente por
los Derechos Humanos de La Matanza), al abrir la conferencia.
El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, Nora de Cortiñas
(Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora) y Aldo Echegoyen (Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos Nacional), también integrantes de la
Mesa, se pronunciaron en igual sentido.
En agosto del año
pasado, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto
de Comunidades Aborígenes (ICA) de Formosa comenzaron un relevamiento
técnico, jurídico y catastral de las tierras donde habita la mencionada
comunidad qom. En mayo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
había ordenado a las autoridades nacional y provincial que den
cumplimiento a la Ley 26.160, dando lugar al reclamo iniciado por Félix
Díaz.
Terminados los trabajos se realizó una nueva cartografía,
pero un sector de la comunidad lo rechazó porque los terrenos donde
vive la familia Díaz y otras veinte familias no fueron relevados, por lo
que las tierras quedaron en condiciones de “ocupadas”.
“Al
desconocer nuestra ocupación ancestral, pasamos a ser usurpadores y nos
inician causas penales. Es una estrategia jurídica para legitimar el
despojo”, dijo Félix Díaz en la conferencia de prensa.
También se limitó la participación de Díaz y sus vecinos en los aspectos técnicos territoriales que ellos conocen.
El pastor kirchnerista Cristino Sanabria formó parte de esas
actuaciones irregulares de los funcionarios, por lo que aceptó el
resultado del relevamiento sin cuestionarlo.
El conflicto se
inició cuando en tierras de la comunidad comenzaron trabajos de desmonte
y demarcación iniciados por el Estado provincial para construir el
Instituto Universitario Agropecuario, dependiente de la Universidad
Nacional de Formosa. Para ello, en 2010 los originarios fueron
desalojados de su territorio por la fuerza policial y quemadas varias de
sus viviendas.
Félix Díaz presentó ante los tribunales
federales de Resistencia, Chaco, una medida cautelar de no innovar en el
marcado de las tierras ancestrales y reclamó su restitución. La causa
está caratulada “Comunidad Indígena Toba La Primavera-Novogoh c/
Formosa, Provincia de s/ incidente de medida cautelar”, y en la
actualidad se tramita ante la Secretaría de Juicios Originarios de la
CSJN.
El 7 de marzo de 2012, el máximo Tribunal citó a las
partes para celebrar una audiencia pública y destacó que “La decisión se
sustenta en la gravedad de los hechos de violencia producidos con
motivo del conflicto generado por los trabajos de desmonte y demarcación
iniciados por el gobierno provincial”, por lo que es necesaria la
“adopción de medidas conducentes a la superación del estado de cosas
referido”.
“Nuestro destino está en manos de la Corte Suprema
de Justicia”, dijo ayer el referente qom, y continuó: “Ojalá que los
jueces analicen profundamente el tema y tomen decisiones a favor de
nuestra comunidad y no a favor de un partido político. Si lo hacen,
serán un ejemplo de reparación histórica del abandono y la injusticia
que padecemos los pueblos indígenas, pero si resuelven de manera
negativa, estarán legitimando el genocidio silencioso que padecemos”.
Luego Aldo Echegoyen destacó “la falta de voluntad política por parte
de las autoridades formoseñas”. Informó que la semana pasada, los
integrantes de la Mesa de Garantes presentaron ante la CSJN un documento
donde señalan que “el relevamiento se hizo de manera incorrecta, a la
vez que no se reconoce la totalidad del territorio a la comunidad qom.
Esperamos que la Corte lo tenga en cuenta”.
A continuación,
Nora de Cortiñas consideró que “este relevamiento nos ofende a todos los
argentinos y es una provocación”. Se preguntó “¿qué van a contar estos
funcionarios provinciales y nacionales cuando pasen los años? ¿Contarán
su perversión inhumana e inmoral como funcionarios?”. Dijo que le
“duele” lo que está ocurriendo con los pueblos originarios y que “la
lucha de este pueblo y de nuestros 30 mil desaparecidos no fue para
vivir esta situación”.
Adolfo Pérez Esquivel destacó que
“estamos en un plan de lucha para que se respeten los derechos de los
pueblos originarios. No sólo es un problema de la comunidad qom, es un
problema de todos los pueblos originarios del país”. Comunicó que le
pidió a Leandro Despouy, presidente de la Auditoría General de la
Nación, una auditoría de los relevamientos realizados en la comunidad
qom y también refirió a la presentación ante la CSJN. Dijo que “si esto
no funciona hay que recurrir a los organismos internacionales, pero
primero tenemos que agotar nuestras instancias jurídicas”.
LA AGN AUDITARÁ EL RELEVAMIENTO TERRITORIAL REALIZADO EN LA COMUNIDAD QOM
Leandro Despouy, presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN),
abogado experto en derecho internacional, manifestó que aceptaba el
pedido del Premio Nobel de la Paz, de realizar una auditoría para saber
cómo se efectuó el relevamiento, “sobre todo para conjurar la
posibilidad de que haya sido un instrumento de usurpación y no de
reconocimiento de los derechos”.
También dijo que “si la
Corte, que es la última instancia nacional, no puede ayudarlos a
resolver este tema, que no se produzcan relevamientos ilegales,
inconstitucionales e internacionalmente prohibidos y las agresiones
siguen, el momento de la intervención de otras instancias
internacionales, ha llegado”, porque “a esta comunidad se la está
persiguiendo descaradamente desde instancias oficiales de gobierno y
necesitamos una respuesta”.
Despouy dijo que los relevamientos
territoriales “no se hacen para quitarles a los pueblos los derechos
ancestrales sobre sus tierras, se hacen precisamente para que el Estado
ofrezca las garantías que ninguno de esos territorios va a ser
vulnerado, usurpado por el Estado o los privados”. En cambio, el
relevamiento en la comunidad qom se transformó “en un instrumento de
privación y de usurpación de esos derechos”, y ello “es una violación
del derecho internacional, del derecho constitucional y también una
violación de la propia ley que establece la obligatoriedad de los
relevamientos territoriales”.
OTRAS MEDIDAS
También se
anunció que se está elaborando un Amicus Curiae para presentar ante la
Corte Suprema de Justicia de la Nación y si la comunidad lo pide la
posibilidad de una denuncia ante el Tribunal Permanente de los Pueblos.
Pablo Pimentel dijo que “El último palenque que tiene el pueblo
argentino es la Corte, si no dan respuesta apelaremos a los organismos
internacionales, pero también saldremos a la calle. La calle, donde
siempre se manifiesta el pueblo argentino”.
Convocaron a la
conferencia de prensa el SERPAJ, APDH Nacional y APDH La Matanza, el
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Secretaría de Pueblos
Originarios de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA),
Amnistía Internacional Argentina, Asociación de Abogados de Derecho
Indígena (AADI), Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas
(ODHPI), Resistencia Qom, Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) y
el Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (GAJAT), entre
otros.
EL OTRO “RELATO”
James Anaya, relator especial
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre derecho indígena, a
fines de 2011 recorrió comunidades originarias de las provincias de
Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Salta, Jujuy y Formosa, y se reunió
con autoridades y representantes aborígenes. También visitó Potae
Napocna Navogoh (La Primavera) y se reunió con Félix Díaz y miembros de
su comunidad qom. En diciembre de ese año instó al Gobierno argentino a
dar “mayor prioridad a los temas relacionados con los derechos humanos
de los pueblos indígenas”, que afrontan problemas de contaminación,
salud y educación, entre otros. El relator manifestó que “una
preocupación central” expresada por las comunidades es “la falta de
seguridad jurídica de sus derechos sobre sus tierras tradicionales”,
además de los “retrasos en los procesos de relevamiento territorial” y
“los desalojos de indígenas dentro de las extensiones de tierras
reclamadas por ellos”. En septiembre de 2012 elevó su informe final
donde, entre otros temas, solicitó a la Argentina que se ponga fin a los
desalojos de las comunidades indígenas hasta que no se defina el
proceso de relevamiento técnico-jurídico de las tierras en disputa.
Por la parte argentina, el 23 de noviembre de 2011, organismos
defensores de Derechos Humanos (SERPAJ, APDH y CELS) envían una extensa
carta a la presidenta de la Nación, donde destacan que el gobierno
formoseño sigue desconociendo los derechos de los originarios qom, a
pesar de los acuerdos logrados en la mesa de diálogo.
El
Gobierno de la Provincia de Formosa intentó obstaculizar la Mesa y la
firma de los acuerdos logrados. En septiembre de ese año, durante una
reunión, se mostró reticente a avanzar en las soluciones propuestas y
abandonó el diálogo. Por su parte, el Estado Nacional no logró gestionar
el conflicto con el gobierno de la Provincia, ni avanzó en las
soluciones que son de su exclusiva competencia.
En marzo de
2012, invitado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), Félix Díaz viajó a Washington para exponer la situación de su
pueblo, en el marco de las medidas cautelares dispuestas por la CIDH
ante la falta de seguridad que padece la comunidad qom. Se firmó un
Acuerdo con funcionarios de la provincia y de la Nación.
En
cuanto a la normativa provincial, la Ley Integral del Aborigen N°
426/84, de la provincia de Formosa, tiene como objeto garantizar “la
propiedad de la tierra y otros recursos productivos en igualdad de
derechos con los demás ciudadanos” (art. 1°, del Capítulo 1). En su art.
12, del Capítulo II dice que la tierra de las comunidades aborígenes
“no podrá ser embargada, arrendada a terceros ni comprometidos en
garantía real de crédito alguno, en todo o en parte bajo pena de nulidad
absoluta. La tierra que se les otorgue no podrá ser enajenada (artículo
57, in fine, Constitución Provincial)”.
La ley creó el
Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA), el que en el Área Tierra
“brindará todo el apoyo técnico necesario para el traspaso definitivo de
las tierras de los aborígenes de acuerdo a lo dispuesto en la presente
ley”.
Hasta el momento, el reconocimiento de la propiedad comunitaria contemplado en Ley Integral Aborigen, sólo es un enunciado.
El 6 de mayo de 2013, Adolfo Pérez Esquivel le escribió unas carta al
gobernador de Formosa, Gildo Insfran, para manifestarle, entre otras
cosas, que “hasta la fecha, ni su gobierno, ni el gobierno nacional han
permitido un diálogo sincero y un reconocimiento hacia el derecho que la
comunidad tiene a su territorio”, a la vez que “las agresiones y
amenazas a la familia de Félix se hacen insostenibles”. Y le pregunta a
Insfrán: “¿qué se está esperando con toda esta situación? ¿Que los
violentos que agredieron a la familia de Félix sean más duros y terminen
matando a alguien? ¿O que se provoque un enfrentamiento fuerte entre
los hermanos qom?”.
De un tenor y preocupación semejante fue la
nota que escribió en enero de este año el presidente de la Auditoría
General de la Nación y expresidente de la Comisión de Derechos Humanos
de la ONU, Leandro Despouy. Se pregunta ¿cuándo se detendrá el asedio
criminal a los qom, a Félix Díaz y a su familia? ¿Cuando Félix Díaz y su
pueblo abandonen su lucha? ¿Cuando finalmente sea encarcelado?”. El
abogado entiende que “no se vislumbra el final” y que “de no cesar
inmediatamente, esta escalada podría desembocar en más hechos
irreparables”. Ante la falta de respuesta de la Justicia interroga si no
habría “que buscar en el campo internacional la salida que nuestra
arquitectura jurídico-institucional es incapaz de dar”. (“Cónica de un
destino manifiesto”, diario Perfil, 3-1-2014)
Sin embargo, en
julio del año pasado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner
aseguró que Formosa, hoy, es “una provincia modelo” y “la transformación
de la década ganada”.
En cambio, Félix Díaz afirmó que “si uno
mira quién es la que tiene más mortalidad infantil, más pobreza y más
falta de vivienda, Formosa es la primera en todo”.
Liliana Giambelluca
Fotos: LG
Buenos Aires, 29 de abril de 2014
